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La Ciudad de México, considera que una destrucción de ese tipo no había ocurrido desde la época de la separación entre la Iglesia y el Estado.
Al menos tres edificios considerados como Monumentos Históricos, en los que se desarrollaron importantes acontecimientos, forman parte de los 14 inmuebles demolidos en 2007 por el gobierno del Distrito Federal, a fin de reubicar a los vendedores ambulantes del Centro Histórico.
Convertidos en escombro entre octubre y noviembre del año pasado, el mal ocasionado al centro del país fue de tal magnitud que la historiadora Ángeles González Gamio, ex presidenta del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, considera que una destrucción de ese tipo no había ocurrido desde la época de la separación entre la Iglesia y el Estado.
A pesar de ello, para las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, (una de las instituciones responsables de la salvaguarda del patrimonio histórico capitalino), el asunto ?ya pasó″ y ahora es necesario voltear la mirada hacia otros asuntos.
No obstante que existen denuncias penales en contra de quien resulte responsable de los hechos, Elena Cepeda de León, titular de la dependencia, señaló ?ese asunto ya pasó, ahora es necesario enfocarnos en otras cosas?.
Durante un acto realizado en el Museo Nómada el lunes pasado, la funcionaria, así como el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, se negaron a abordar el tema; evasivas y otros argumentos han sido recibidos igualmente por parte de la llamada Autoridad del Centro Histórico, Alejandra Moreno Toscano, quien en repetidas ocasiones ha evitado explicar el suceso a esta agencia.
La destrucción, para la que no se han señalado responsables, incluyó el derrumbe del inmueble ubicado en Regina 97 conocido como Casa de los Camilos o de las Calderas, construido entre el siglo XVIII y el XIX.
En ese lugar vivieron los padres camilos de la religión de los ?agonizantes? o de ?la buena muerte?, desde 1756.
También fueron destruidos los números 93 y 95 de la calle República de Argentina, donde de acuerdo con una placa que ahí existió, el 9 de mayo de 1927 se difundió por primera vez un programa de la emisora experimental JH a través de un transmisor de México.
El daño a la ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 incluye los edificios ubicados en Meave 9, 9-A, 11, 11-A, 13, 13-A, República de Argentina 75 (considerada Monumento Histórico), manzanares 18, República de El Salvador 184, Plaza Santísima, Plaza del Estudiante 20 y Mesones 27.
Para González Gamio, las demoliciones que podrían acarrear a México una sanción del organismo mundial ?son lamentables?, pues históricamente sólo en ocasión de la ampliación de la avenida 20 de Noviembre en 1934 o después de la aplicación de las Leyes de Reforma entre 1859 y 1863, se perdieron tantas joyas coloniales.
la especialista estimó que, ?históricamente cuando se amplió la avenida 20 de noviembre se hizo una demolición bárbara o cuando se aplicaron las Leyes de Reforma que hubo una barbarie y los conventos, hospitales y otros edificios se destruyeron, ahí había un fin muy mezquino que era el triunfo de los liberales, y quitar la imagen de benefactora y artistica que tenía la Iglesia?.
No obstante, dijo, ?recientemente no recuerdo otro, no he conocido un caso así, ni en el temblor del 85″, cuando ?curiosamente (los edificios de esa época) son los que más resistieron el temblor?.
De acuerdo con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Centro Histórico (Perímetro A), una de las edificaciones de mayor valor que fueron derrumbadas fue la de Regina 97 de propiedad privada y que conservaba la estructura y su partido arquitectónico originales.
En el documento realizado en 1988 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia se consigna que este espacio formó parte de las viviendas conocidas como ?Las Calderas?, que fueron adaptadas para convento de los padres camilos y otras construidas como viviendas de alquiler, quienes permanecieron ahí hasta 1827.
Posteriormente, el Seminario Conciliar ocupó parte de las casas entre 1861 y 1863; pero a principios del siglo XX, las viviendas fueron convertidas para familias de escasos recursos, aunque hasta su destrucción, el edificio conservó sus características arquitectónicas del siglo XVIII, por lo que fue declarado monumento en 1931.
En tanto, el inmueble de Argentina 93-95 fue construido en el siglo XVIII y hasta su demolición conservó su régimen de propiedad privada y en su fachada principal de tezontle rojo, conservó una placa colocada en 1958, que daba cuenta de una transmisión radiofónica realizada el 9 de mayo de 1927.
Otro edificio que aparece en el catálogo de inmuebles con valor histórico es el de Mesones 27, del que se da cuenta que fue construido en el siglo XIX, pero que conservaba la fachada original (de aplanado y amarillo), con elementos decorativos originales, aunque registraba deterioros como agrietamientos y desprendimiento de aplanados, y era de propiedad privada.
La pérdida de los edificios, agregó González Gamio, ?es algo muy, pero muy lamentable y grave, además de algo innecesario porque estoy absolutamente segura que había muchas otras opciones y además esas construcciones son tan nobles que realmente se pueden adaptar a muchos usos, desde museos, oficinas, departamentos o negocios?.
Para la cronista, la razón escondida detrás del derrumbe tuvo que ver con la premura del gobierno de la Ciudad de México por solucionar la cuestión de los predios que debían ser otorgados a los vendedores ambulantes, para continuar con sus ventas en el Perímetro A de la urbe.
?Estoy segura -señaló- que no era necesario demoler las casas, creo que fue la premura del tiempo, no quisieron esperar porque obviamente la restauración de una de esas casas requiere tiempo, es una arquitectura de un enorme valor que se hizo a mano hace 100, 200 o 300 años?.
Sin embargo, después de la expropiación decretada por el gobierno local el 3 de julio de 2007, el propio director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, aceptó que al organismo que dirige llegaron las solicitudes de demolición, mismas que fueron negadas por la institución federal, aunque a partir de octubre las demoliciones comenzaron a realizarse.
En un estira y afloja que ha incluido a diferentes funcionarios de ambos bandos, el caso se ha desarrollado desde entonces entre la neblina de la duda.